Soberón aprueba facturas de 1,2 millones de manera ilegal. El juez avala a PSOE y PRC
Las dos formaciones subrayan que existen posibles responsabilidades contables ante el
tribunal de cuentas y penales como consecuencia del pago de facturas al margen de
contratos vigentes y fiscalización.
El PSOE y el PRC de Astillero, a través de Salomón Martín Y Francisco Ortiz, han instado
al alcalde, Javier Fernández Soberón, a que “actúe” dentro de la legalidad después de
que los tribunales hayan anulado la aprobación de facturas por valor de 1,2 millones
de euros del ejercicio 2020.
Ambas formaciones habían denunciado la “ilegalidad” del equipo de Gobierno de Cs
que había aprobado en la Junta de Gobierno Local facturas por un valor de 1,2
millones de euros sin que tuvieran consignación presupuestaria.
Ahora el juzgado, estima “íntegramente” la denuncia realizada por los dos grupos
municipales “y anula” los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno. “Se pone de
manifiesto la ilegalidad con la que actúa el alcalde y su equipo, que ha vulnerado
claramente el principio de anualidad del presupuesto”, han declarado.
En este sentido, han subrayado que la sentencia señala que “el método utilizado no
solo era ilegal, sino que se realizaba por el órgano incompetente”. “Lo advertimos en
numerosas ocasiones: debían ir a Pleno, pero el señor Soberón hizo caso omiso a
nuestras advertencias”, han apostillado.
Así, han recordado que las facturas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local
cuando debe ser el Pleno, porque no contaban con partida presupuestaria. “La cuantía
no era baladí y además afectaba a facturas que no tienen contrato en vigor”, han
explicado.
Por ello, ambas formaciones, han insistido en la necesidad de proceder a la licitación
de los servicios que no cuentan con contrato. “Nosotros queremos que todo se haga
por el procedimiento establecido. No nos oponemos a que las empresas que prestaron
su servicio reciban su pago correspondiente, sino que queremos que el equipo de
Gobierno actúe conforme a la ley”, han apostillado.
Al hilo, han recordado que la sentencia advierte de que la situación actual en el
Ayuntamiento de Astillero en esos contratos “vulnera los principios de igualdad,
legalidad, no discriminación, transparencia y libre competencia” que rigen cualquier
contratación pública. “Es por ello que nos vimos obligados a acudir a los tribunales.
Reclamamos que Soberón y su equipo de Gobierno gestione correctamente el
presupuesto y la legalidad contractual del Ayuntamiento y sus proveedores,
especialmente, cuando se da en contratos de elevado coste”, han señalado.
“Confiamos en que el equipo de Gobierno proceda a licitar los contratos pendientes y
gestione, dentro de la legalidad, las arcas públicas”, han concluido.
Se adjunta enlace de la entrevista de los dos portavoces:
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